Fiscal Marcos Pastén denuncia fallas críticas en sistema judicial tras liberación de imputado por homicidio
El fiscal Marcos Pastén, jefe de la división administrativa del Ministerio Público, expresó este martes una dura crítica al sistema de comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería, luego de que Osmar Alexander Ferrer Ramírez, acusado del homicidio del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, fuera liberado bajo circunstancias confusas.
En una entrevista con T13, Pastén calificó al sistema como “absolutamente débil y vulnerable”, subrayando que afirmar lo contrario sería “prácticamente insultante”. La liberación ocurrió la noche del jueves 10 de julio, a pesar de que Ferrer estaba en prisión preventiva. Según el fiscal, la audiencia terminó alrededor de las 20:15 horas del miércoles 9, momento en que se entregó una orden manual para el detenido que no indicaba su libertad, lo que generó confusión en su ingreso a la cárcel Santiago 1.
Posteriormente, se enviaron oficios formales donde uno contenía un error que permitió su excarcelación. Pastén explicó que aunque existen protocolos establecidos para manejar las comunicaciones en miles de audiencias anuales, persisten procesos manuales que abren espacio a errores críticos.
Ante esta situación, el Ministerio Público designó a la Fiscalía Metropolitana Occidente para investigar y creó una fuerza especial destinada a esclarecer cómo se produjo la evasión del detenido. Las diligencias se enfocarán en reconstruir el flujo informativo entre el 8° Juzgado de Garantía y Gendarmería.
Por otra parte, la jueza Irene Rodríguez, responsable de autorizar la orden de liberación, negó haber actuado con dolo o corrupción. Pastén confirmó que la magistrada firmó las resoluciones y que estas fueron comunicadas a Gendarmería, pero no necesariamente con intención maliciosa.
Este episodio ha generado preocupación en el ámbito judicial y político. Para Pastén, refleja un problema estructural persistente pese a los avances tecnológicos implementados en los últimos años. El Ministerio Público continúa investigando posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas del caso.