PDI allana sede del Poder Judicial en investigación por liberación irregular de imputado
Durante la noche del martes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en las oficinas centrales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), ubicadas en el centro de Santiago. Esta acción forma parte de una investigación sobre la liberación irregular de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado como sicario relacionado con el denominado “Rey de Meiggs”.
La diligencia se efectuó bajo una orden emitida por el 7° Juzgado de Garantía, luego que la CAPJ no entregara voluntariamente los servidores solicitados por los investigadores. El objetivo principal fue obtener información sobre las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería, ya que la CAPJ coordina estos procesos y es fundamental para aclarar cómo Ferrer Ramírez fue liberado pese a contar con una orden vigente de prisión preventiva. Hasta el momento, el imputado permanece prófugo.
En el procedimiento se incautaron diversos equipos tecnológicos para su análisis. De acuerdo con Gendarmería, el 9 de julio recibieron una orden impresa del 8° Juzgado de Garantía para ingresar al imputado al Centro de Detención Preventiva Santiago I. Sin embargo, al día siguiente, el mismo tribunal envió una contraorden a través del sistema informático que anuló dicha detención. Posteriormente, a las 14:13 horas del 10 de julio, Gendarmería recibió un correo con la orden inicial de prisión pero sin rectificar la liberación. La institución aseguró que no se detectaron vulneraciones en sus sistemas y continúa recopilando antecedentes para entregar al Ministerio Público.
Tras el allanamiento, el Poder Judicial emitió un comunicado confirmando que la CAPJ colaboró con la entrega de toda la información requerida por la PDI tras presentar la orden judicial alrededor de las 22:00 horas. La directora interina Andreina Olmo y el jefe del Departamento de Informática Mauricio Rodríguez facilitaron personalmente los datos relacionados con este caso para apoyar la investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente.
El comunicado subraya que esta cooperación se realizó luego de exhibir la orden judicial y desmiente versiones previas que indicaban resistencia inicial por parte de la CAPJ. Además, reafirma el compromiso institucional para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades respecto a esta liberación irregular.