Investigación y propuestas para mejorar la comunicación entre tribunales y Gendarmería tras liberación de imputado vinculado a crimen organizado
La reciente liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el asesinato de un empresario en Ñuñoa, ha generado preocupación sobre la eficacia y seguridad en la comunicación entre tribunales y Gendarmería. Ferrer fue dejado en libertad el 10 de julio luego de que un documento judicial ordenara dejar sin efecto su prisión preventiva, hecho que activó una investigación penal para determinar si existió alguna irregularidad o falsificación en el proceso.
El Poder Judicial explicó que el 8° Juzgado de Garantía emitió inicialmente una orden de prisión preventiva, la cual fue corregida minutos después debido a errores en la identificación del imputado. Sin embargo, no está claro cómo se gestionó la orden que revocó la medida cautelar, ya que Gendarmería descartó cualquier vulneración informática. Autoridades como el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconocieron incertidumbres sobre lo ocurrido y destacaron la gravedad del caso, especialmente por el impacto en la confianza pública hacia el sistema judicial.
Expertos legales detallaron que las resoluciones judiciales deben ser firmadas electrónicamente por los jueces y enviadas a Gendarmería mediante canales seguros establecidos por normativa vigente. La posibilidad de falsificación es considerada remota, apuntando más bien a un posible error humano o administrativo dentro del tribunal o durante la notificación. En respuesta al incidente, se anunció la conformación de una mesa de trabajo liderada por la Corte Suprema para revisar y fortalecer los protocolos de comunicación y control entre las instituciones involucradas.
Este caso se produce en un contexto sensible, marcado por recientes denuncias sobre vínculos entre fuerzas armadas y organizaciones criminales, lo que intensifica la necesidad de garantizar transparencia y eficiencia en los procesos judiciales y penitenciarios. Las autoridades comprometieron esfuerzos para perfeccionar los mecanismos existentes y evitar que situaciones similares afecten la seguridad ciudadana y la credibilidad institucional.