Parlamentarios exigen remoción de jueza tras liberación de imputado por error administrativo
La reciente excarcelación de Osmar Ferrer, imputado por sicariato, ha provocado un intenso debate político y judicial en Chile. La jueza Irene Rodríguez, quien inicialmente decretó prisión preventiva para Ferrer, luego anuló esta medida debido a un error en la escritura del apellido del acusado, lo que permitió su salida desde el Centro de Detención Preventiva Santiago I.
Esta situación fue duramente cuestionada por parlamentarios de distintas bancadas. El senador Iván Flores (DC) criticó con vehemencia la decisión judicial, señalando que no es comprensible que un imputado con pruebas suficientes para condena quede libre por un detalle administrativo como una letra faltante en su apellido. Flores incluso solicitó la remoción inmediata de la jueza, cuestionando su capacidad y profesionalismo.
Por su parte, José Miguel Durana (UDI), presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, afirmó que este caso evidencia la necesidad urgente de enfrentar el avance del crimen organizado en el país. Destacó que la reunión conjunta entre las comisiones de Seguridad y Constitución será fundamental para evaluar esta situación y demandar acciones concretas al gobierno. En este contexto, la bancada UDI presentó un proyecto de reforma constitucional que otorgaría a la Cámara de Diputados la facultad para convocar al Consejo de Seguridad Nacional, actualmente exclusiva del Presidente de la República.