Controversia política por la liberación de presunto sicario vinculado al ‘Rey de Meiggs’
La reciente liberación de Osmar Alexánder Ferrer Ramírez, uno de los tres acusados por el homicidio del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ha provocado un fuerte impacto en el ámbito político y judicial chileno. Mientras la oposición exige la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el oficialismo defiende su gestión y apunta a responsabilidades dentro del Poder Judicial.
El caso está siendo investigado por el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, quien dirige las diligencias para esclarecer cómo se produjo la liberación del imputado. En este contexto, se incautaron dispositivos electrónicos a funcionarios del 8° Juzgado de Garantía de Santiago y se tomó declaración a miembros de Gendarmería y a la jueza Irene Rodríguez, responsable de firmar las resoluciones relacionadas con la prisión preventiva del acusado.
La jueza Rodríguez explicó que existió un error en la identificación del imputado en una de las órdenes judiciales, lo que motivó una anulación y posterior rectificación de la medida cautelar. Sin embargo, afirmó que la intención siempre fue mantener la prisión preventiva para Ferrer y negó haber otorgado una libertad definitiva.
En el plano político, la controversia ha generado sesiones especiales en comisiones parlamentarias y propuestas para crear una comisión investigadora. El diputado Jorge Alessandri (UDI) consideró presentar una acusación constitucional contra el ministro Gajardo debido a su responsabilidad sobre Gendarmería, aunque esta opción fue descartada por el jefe de bancada gremialista, Henry Leal, por falta de votos. Desde Chile Vamos, varios parlamentarios han exigido la renuncia del ministro, mientras que desde el oficialismo subrayan que las investigaciones también apuntan al Poder Judicial.
Además, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, ha solicitado convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), argumentando que el caso afecta la seguridad nacional. Esta propuesta fue rechazada por sectores como Frente Amplio y cuestionada en relación con iniciativas para modificar la Constitución respecto a la autoconvocatoria del Congreso a dicho consejo.
Las comisiones parlamentarias involucradas tienen programadas nuevas sesiones para continuar analizando este complejo caso durante los próximos días.