Louisiana considera legislación contra teorías conspirativas sobre chemtrails en medio de debates políticos
La legislatura de Louisiana está considerando un proyecto de ley que busca criminalizar la supuesta práctica de dispersar productos químicos en la atmósfera, una creencia sustentada en teorías conspirativas conocidas como ‘chemtrails’. La iniciativa, presentada por la representante Kimberly Landry Coates, surge en un contexto donde otros estados como Tennessee y Florida ya han aprobado o propuesto leyes similares, alimentando una tendencia de desinformación que trasciende lo digital hacia el ámbito político.
El proyecto de ley, que aún espera la firma del gobernador Jeff Landry, prohíbe expresamente la dispersión intencional de sustancias químicas con el objetivo de modificar el clima o afectar la radiación solar. Además, obliga a la Agencia de Calidad Ambiental a recopilar informes sobre posibles observaciones relacionadas. Sin embargo, expertos científicos y agencias gubernamentales han aclarado que las estelas blancas dejadas por los aviones son principalmente vapor de agua y no contienen agentes dañinos ni secretos. La evidencia científica respalda que las llamadas ‘chemtrails’ son un mito sin fundamento real.
A pesar de ello, figuras públicas y políticos continúan promoviendo estas ideas, algunas vinculándolas con preocupaciones sobre salud pública o control mental. La incorporación de estas teorías en el debate legislativo refleja cómo la desinformación puede influir en decisiones políticas y desviar recursos de temas prioritarios como la pobreza, la criminalidad o el sistema penitenciario. La comunidad científica advierte que legislar sobre cuestiones infundadas puede generar confusión y socavar procesos democráticos, mientras que expertos en meteorología explican que los rastros visibles en el cielo son fenómenos atmosféricos bien entendidos y no representan amenazas.
En conclusión, aunque la propuesta busca abordar una creencia infundada, su impacto real es limitado. No obstante, evidencia el desafío que enfrentan las democracias para separar hechos científicos de teorías conspirativas en el proceso legislativo y público.