Tribunal ordena el embargo del bono de conflicto a 105 trabajadores de Escondida en un fallo inédito
El Tribunal Laboral de Antofagasta dictaminó recientemente la ejecución de una sentencia que obliga a 105 trabajadores de Minera Escondida a devolver un bono de término de conflicto de aproximadamente 8,5 millones de pesos cada uno, entregado en 2019. La decisión, considerada como una de las más innovadoras en la historia laboral del país, establece que el monto será embargado desde las remuneraciones, con un límite del 50 por ciento del sueldo hasta alcanzar la suma total.
Este caso surge tras una denuncia presentada por el Sindicato Nº1 de Escondida contra un acuerdo colectivo realizado con el Sindicato Interempresa, que fue declarado ilegal por no cumplir con los requisitos legales y por presuntas prácticas antisindicales. La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó en noviembre de 2021 la nulidad del acuerdo, y la Corte Suprema rechazó recursos posteriores, consolidando así el fallo. La disputa refleja tensiones internas dentro del sindicato mayoritario y cuestionamientos sobre quién representa realmente los intereses laborales en la mina.
Expertos legales señalan que la controversia gira en torno a la legalidad del proceso y al hecho de que la negociación colectiva no reglada fue considerada inválida debido a cuestiones de quórum y prácticas antisindicales. La decisión ha generado malestar entre algunos trabajadores afectados, especialmente aquellos que pertenecen al Sindicato Nº1, quienes consideran que el fallo podría afectar derechos adquiridos y crear un conflicto sindical interno. La situación también pone en evidencia debates sobre la representatividad sindical y las prácticas monopólicas dentro del sector minero chileno.
Con la orden en fase de ejecución, tanto la empresa como los trabajadores afectados enfrentan un escenario difícil para revertir o modificar la decisión judicial. Mientras tanto, el Sindicato Nº1 ha preferido mantener silencio respecto a posibles acciones futuras, centrando sus comunicaciones en informar a sus socios sobre las gestiones realizadas. Este caso marca un precedente inédito en la relación laboral y sindical en Chile, con implicaciones que podrían extenderse a otras empresas del sector minero.