Acusan al fiscal general de España de filtrar documentos judiciales en un caso que afecta al Gobierno
El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de una investigación judicial que podría derivar en su procesamiento por revelar información reservada. Un magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, consideró que existen suficientes indicios para imputarlo por un presunto delito de revelación de secretos, tras detectar posibles irregularidades en la filtración de un correo electrónico relacionado con un acuerdo de culpabilidad en un caso de fraude fiscal.
El caso se vincula a Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La filtración ocurrió en marzo de 2024 y supuestamente involucró detalles sobre un acuerdo judicial en un proceso contra González Amador, sospechoso de defraudar al fisco durante los años 2020 y 2021. La revelación generó tensiones políticas, con la presidenta Ayuso acusando al entorno del Gobierno central de organizar la filtración y denunciar una persecución política.
El juez Hurtado también señaló que el fiscal general habría actuado bajo instrucciones del Ejecutivo y que borró mensajes en su teléfono para ocultar conversaciones previas a la filtración. La Fiscalía y el Ministerio de Justicia expresaron su respaldo a García Ortiz, quien afirmó ser inocente y mantener su confianza en su gestión. Sin embargo, la decisión del tribunal ha generado una fuerte polémica política, con líderes opositores exigiendo su dimisión y argumentando que el caso refleja una crisis institucional que afecta la credibilidad del Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez.