La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU enfrenta desafíos crecientes
En el escenario internacional, América Latina comienza a definir sus cartas para la próxima elección del Secretario General de Naciones Unidas. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien además fue alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, aún debe confirmar su interés en postularse para suceder a António Guterres en 2027.
Mientras tanto, Paula Narváez, embajadora de Chile ante la ONU y exvocera del gobierno de Bachelet, lidera esfuerzos diplomáticos dentro del Grupo América Latina y Caribe (Grulac) para consolidar una candidatura regional que cumpla con dos condiciones clave: que sea una mujer y que surja del consenso entre los países miembros. Aunque Narváez evita mencionar directamente a Bachelet en las reuniones grupales, sí lo hace en encuentros bilaterales donde evalúa el apoyo que podría obtener la expresidenta.
El proceso formal comenzará con el llamado oficial del secretario general este diciembre para que los países presenten sus nominaciones entre enero y febrero de 2025. Luego, los candidatos iniciarán diálogos informales con miembros de la Asamblea General y finalmente deberán obtener el respaldo del Consejo de Seguridad, donde cinco miembros permanentes tienen poder de veto. En este contexto, se anticipan posibles resistencias desde Estados Unidos y China debido a informes críticos emitidos por Bachelet durante su gestión como alta comisionada.
Además de Bachelet, otras figuras latinoamericanas han emergido como posibles contendientes. Alicia Bárcena recibió apoyo público de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum; Rebeca Grynspan ha declarado que este es “el momento de América Latina” para ocupar el cargo; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados, cuenta con menciones en medios por un supuesto respaldo brasileño. También se menciona al argentino Rafael Grossi, aunque su postulación no cumple con el criterio regional ni de género promovido por el Grulac.
En el gobierno chileno reconocen que esta candidatura será un tema estatal que deberá continuar más allá del actual mandato presidencial y que la decisión final dependerá también del próximo Ejecutivo. Mientras tanto, las presiones y movimientos diplomáticos aumentan en un proceso que promete ser competitivo y decisivo para la presencia latinoamericana en Naciones Unidas.