Confusión en la liberación de un sicario: investigación busca esclarecer errores entre Poder Judicial y Gendarmería
El caso del sicario vinculado al homicidio de un empresario en Meiggs ha generado gran inquietud tras su inesperada liberación el pasado 10 de julio, apenas un día después de ser formalizado y enviado a prisión preventiva. Las instituciones involucradas, principalmente el Poder Judicial y Gendarmería, han dado versiones que presentan contradicciones respecto a las órdenes judiciales y la comunicación entre ambas entidades.
La confusión se originó por una corrección en la identidad del imputado, quien inicialmente fue identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, pero cuyo nombre real sería Carlos Alberto Mejía Hernández, ciudadano venezolano en situación irregular. Esta discrepancia en la identificación habría motivado una orden judicial que revocó temporalmente la prisión preventiva, lo que derivó en su liberación. Posteriormente, se emitió una nueva orden para reingresar al imputado a prisión, pero esta no fue aplicada a tiempo.
La jueza del 8° Juzgado de Garantía, Irene Gladys Rodríguez, responsable de firmar las órdenes judiciales, ha declarado que actuó sin dolo ni corrupción y que cumplió con enviar las instrucciones correspondientes. Por su parte, Gendarmería sostiene que acató las órdenes recibidas y rechaza cualquier acusación anticipada de negligencia o corrupción en el manejo del caso. En paralelo, la Corte Suprema expresó preocupación por el incidente y señaló que existió un lapso de aproximadamente seis horas entre la notificación de la orden vigente para mantener al imputado en prisión y su liberación efectiva.
Actualmente, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Metropolitana Occidente dirigida por el fiscal Marcos Pastén, lidera una investigación exhaustiva que incluye la revisión de comunicaciones electrónicas entre el Poder Judicial y Gendarmería, así como análisis forenses a dispositivos móviles del personal involucrado. Además, se han recopilado registros audiovisuales del centro penitenciario Santiago 1 donde el imputado estuvo recluido temporalmente.