La Corte Suprema refuerza exigencias para justificar la prisión preventiva
Durante los últimos 16 años, la Segunda Sala de la Corte Suprema ha venido consolidando una jurisprudencia que desde 2023 ha ganado mayor relevancia. Esta sala, especializada en materias penales y compuesta por los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos y las ministras María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo, ha abierto la posibilidad de revertir prisiones preventivas a través del recurso de amparo.
El recurso de amparo, previsto en la Constitución, busca proteger derechos fundamentales como la libertad personal frente a actos arbitrarios o ilegales. Tradicionalmente, el Poder Judicial consideraba que esta vía no era adecuada para revisar medidas cautelares como la prisión preventiva. Sin embargo, recientemente la Corte Suprema ha comenzado a aceptar estos recursos cuando detecta falta de fundamentación en las decisiones judiciales que privan de libertad.
Investigadores académicos han identificado 52 casos entre 2009 y 2024 en los que la Segunda Sala acogió amparos para revocar prisiones preventivas, destacándose un aumento significativo en 2024. Casos notorios como los de Carlos Contreras (Democracia Viva), Jorge Valdivia y Manuel Monsalve ilustran esta tendencia, donde las prisiones preventivas inicialmente ratificadas por tribunales inferiores fueron finalmente anuladas por la Suprema debido a deficiencias en su justificación.
El tribunal ha señalado que muchas resoluciones infringen el mandato constitucional de fundamentación necesaria para estas medidas restrictivas. Según expertos, el sistema penal ha tendido a automatizar el uso de la prisión preventiva, basándose en argumentos generales sobre el peligro para la sociedad sin un análisis detallado. Esta práctica responde también a cambios legislativos que han limitado el control judicial y promovido su aplicación más automática.
Ante este escenario, especialistas consideran que aunque las sentencias del máximo tribunal visibilizan problemas estructurales en el uso de la prisión preventiva, se requiere un cambio sistémico profundo. La presión social y las reformas legales han impulsado su uso frecuente como respuesta a problemas complejos, lo que demanda elevar los estándares de fundamentación tanto por parte de jueces como de defensores para garantizar el respeto al debido proceso.