Nuevo Pudahuel busca extender su concesión tras fallo judicial en medio de disputa por impacto del Covid-19
El conflicto entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria Nuevo Pudahuel, encargada de operar el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, continúa avanzando tras una decisión judicial que favorece a la empresa. La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso presentado por el MOP para anular un fallo previo que reconoció el impacto de la pandemia del Covid-19 como un hecho sobreviniente que alteró la estabilidad económica del contrato. Este reconocimiento obliga al Estado a negociar una modificación contractual para compensar los efectos adversos en los ingresos derivados del descenso en el tráfico aéreo y pasajeros durante los últimos años.
El conflicto se remonta a 2021, cuando Nuevo Pudahuel solicitó formalmente que se reconociera la pandemia como un evento extraordinario que afectó sustancialmente el equilibrio financiero del acuerdo. La autoridad concesionaria estimó pérdidas superiores a 7.7 millones de UF (aproximadamente 323 millones de dólares), proponiendo ajustes en los términos y plazos del contrato. Aunque la Comisión Arbitral aceptó el impacto del Covid-19, rechazó las propuestas específicas de revisión y ajuste. Posteriormente, la concesionaria interpuso una demanda por cumplimiento contractual, que también fue favorable a sus intereses, ratificando que la pandemia generó un daño económico que debe ser corregido.
El Ministerio, por su parte, anunció que analizará detalladamente la sentencia junto con el Consejo de Defensa del Estado y reiteró su disposición a mantener diálogos para alcanzar un acuerdo. La concesionaria manifestó su interés en llegar a un consenso pronto para garantizar una operación eficiente y ofrecer un servicio de calidad. Mientras tanto, se estima que una posible extensión del plazo del contrato podría ser necesaria para recuperar los niveles de tráfico previos a la pandemia, lo cual influirá en futuros proyectos de expansión aeroportuaria. En paralelo, el MOP anunció planes para ampliar significativamente la infraestructura del aeropuerto en los próximos años, pero estos podrían verse afectados si se extiende la duración actual del contrato o si existen retrasos por procesos legales en curso.
Este escenario evidencia la complejidad jurídica y económica que enfrentan las obras públicas ante eventos extraordinarios como la pandemia, y resalta la importancia de acuerdos claros y flexibles en contratos de concesión para garantizar inversiones futuras y mejorar la infraestructura nacional.