Expertos advierten riesgos constitucionales y éticos en propuesta de Ley Mordaza 2.0 en Chile
El debate sobre una nueva legislación que penalizaría la difusión de datos relacionados con causas criminales en Chile ha resurgido casi una década después de intentos previos. La iniciativa, impulsada por varios senadores, pretende sancionar con penas de cárcel o multas a quienes divulguen información confidencial obtenida en investigaciones judiciales.
Organizaciones como el Colegio de Periodistas y algunos legisladores han expresado su rechazo a la propuesta, argumentando que podría limitar gravemente la libertad de expresión y afectar el ejercicio del periodismo. Además, expertos constitucionalistas advierten que ciertos artículos del proyecto presentan problemas de compatibilidad con la Constitución chilena.
Javier Couso, profesor de la Universidad Diego Portales y especialista en derechos constitucionales, señala que aunque es razonable establecer sanciones para quienes filtren información reservada, los artículos que proponen penalizar a cualquier persona sin distinguir su rol o función pueden vulnerar derechos fundamentales. En particular, alertan sobre el riesgo de que la ley pueda ser aplicada indiscriminadamente contra periodistas o ciudadanos que divulguen información de interés público.
Por su parte, Francisco Cox, académico y penalista, advierte que el lenguaje ambiguo del artículo 161-C podría terminar criminalizando también prácticas legítimas del periodismo. Además, explica que muchas de las sanciones propuestas ya están contempladas en leyes existentes, como el artículo 226 J del Código Procesal Penal, aplicable en casos específicos relacionados con delitos graves como la asociación ilícita.
En este contexto, expertos coinciden en la necesidad de revisar cuidadosamente el alcance y redacción del proyecto para evitar restricciones excesivas a la libertad de prensa y garantizar un equilibrio entre la protección de la información reservada y los derechos fundamentales.