Comisión de Seguridad Ciudadana denuncia fallas críticas en el sistema penal tras liberación de imputado vinculado al Tren de Aragua
Durante una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, se abordaron las graves deficiencias que permitieron la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano venezolano vinculado al grupo criminal Tren de Aragua y acusado del asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
La reunión contó con la presencia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, excusó su asistencia, hecho que fue duramente cuestionado por los legisladores.
El ministro Gajardo calificó la situación como “gravísima” y comprometió la colaboración del gobierno para investigar y corregir las fallas detectadas en el sistema. Explicó que múltiples resoluciones judiciales relacionadas con el caso podrían haber generado confusión y aseguró que cualquier responsabilidad será investigada.
Por su parte, el fiscal nacional indicó que existen muchas incógnitas sobre cómo se produjo la liberación y anunció que revisarán casos similares para evitar posibles fraudes con identidades falsas. Además, destacó las gestiones realizadas con el Servicio de Impuestos Internos y la Policía de Investigaciones para mejorar el sistema biométrico de identificación.
El diputado Cristián Araya, presidente de la comisión, manifestó su preocupación por la ausencia de un sistema eficaz para cruzar datos biométricos en tiempo real. Subrayó que actualmente no se realiza un cotejo automático de huellas dactilares, lo que calificó como una falla básica e inaceptable.
Además, criticó la débil coordinación entre el Poder Judicial y Gendarmería, señalando que las comunicaciones se limitan a correos electrónicos que generan confusiones sobre fechas y notificaciones. Exigió al Poder Judicial aclarar por qué se emitió una orden judicial para liberar al imputado sin un trámite transparente ni explicación clara.
La comisión acordó continuar con las investigaciones, solicitar nuevos informes y convocar a más autoridades para esclarecer responsabilidades y adoptar medidas que fortalezcan la seguridad pública y la confianza en el sistema penal.