Propuestas presidenciales para reforzar la seguridad en la frontera norte tras fuga de sicario y violencia en La Granja
La reciente fuga de Alberto Carlos Mejía Hernández, supuesto sicario vinculado al empresario de Meiggs, a través del paso fronterizo de Chacalluta, ha reavivado las discusiones sobre la seguridad en la frontera norte de Chile. Este escape, producto de un error entre el Poder Judicial y Gendarmería, ha generado críticas desde diversos sectores políticos y sociales, incluyendo a los principales candidatos presidenciales.
Además, la conmoción se profundiza tras el asesinato de una niña de siete años en La Granja, víctima colateral en un enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcotráfico. Estos hechos han puesto en evidencia las falencias en el control del crimen organizado y la permeabilidad fronteriza.
En este contexto, Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Republicanos) han presentado sus planes para “blindar las fronteras”, aunque con enfoques y medidas diferenciadas. Jara propone fortalecer las policías con mayor formación y sistemas de inteligencia, además de impulsar leyes para perseguir el patrimonio del narcotráfico. Asimismo, apoya la creación de una policía militar especializada en el control fronterizo.
Por su parte, Matthei plantea un monitoreo permanente con tecnología avanzada como drones, cámaras térmicas y sensores, junto a la instalación de centros estratégicos para fiscalización. También enfatiza en la coordinación entre fuerzas policiales y militares para una respuesta rápida ante el ingreso ilegal y propone eliminar beneficios sociales para quienes ingresen sin regularizar su situación migratoria.
Kast presenta un plan más radical denominado “Escudo Fronterizo”, que incluye muros y cercos electrificados con vigilancia constante de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Su propuesta contempla un despliegue militar permanente con facultades ampliadas para detener y expulsar migrantes ilegales, además de establecer sanciones económicas a empleadores que contraten extranjeros sin residencia legal. También busca restringir acceso a servicios públicos para quienes ingresen ilegalmente.
Las diferencias entre los candidatos reflejan distintos niveles de intervención estatal y enfoques sobre derechos humanos versus seguridad nacional, pero todos coinciden en la necesidad urgente de reforzar el control fronterizo para enfrentar la crisis migratoria y el crimen organizado.