La Corte Internacional de Justicia declara que el cambio climático amenaza la vida y viola derechos humanos
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva en la que reconoce que el cambio climático representa una amenaza para todas las formas de vida y que los Estados tienen la obligación legal de adoptar medidas para proteger el medio ambiente bajo el derecho internacional. Este fallo abre la puerta a que países afectados por desastres climáticos puedan demandar a los principales emisores para exigir reparaciones.
El caso fue impulsado por estudiantes de derecho de Vanuatu en 2019, quienes solicitaron que la CIJ evaluara las responsabilidades estatales frente a la protección del clima y las consecuencias legales del incumplimiento. El tribunal concluyó que un medio ambiente sano es indispensable para garantizar derechos humanos fundamentales, por lo cual la protección del sistema climático es una condición necesaria para su pleno ejercicio.
Además, la Corte estableció que el objetivo global del Acuerdo de París debe ser limitar el calentamiento a 1,5 °C, y que los compromisos nacionales deben alinearse con esta meta considerando criterios como la contribución histórica a las emisiones y el nivel de desarrollo. Esto implica mayores obligaciones para países desarrollados, como Australia, en sus planes de reducción de gases de efecto invernadero.
El fallo también enfatiza que los Estados pueden ser responsables legalmente por daños climáticos causados incluso cuando estos resulten de múltiples fuentes, incluyendo actividades privadas dentro de su jurisdicción. Por tanto, deben regular dichas actividades para evitar perjuicios ambientales. Asimismo, aunque algunos países se retiren del Acuerdo de París, continúan sujetos a otras normas internacionales vinculantes en materia climática.
Este dictamen histórico sienta un precedente jurídico relevante que puede fortalecer la justicia climática, especialmente para naciones vulnerables como los pequeños estados insulares, y fomenta una mayor rendición de cuentas entre los países emisores para enfrentar eficazmente el cambio climático.