Tribunal de Apelaciones declara inconstitucional la ley californiana que exige controles de antecedentes para comprar municiones
Un tribunal de apelaciones federal confirmó este jueves que la ley de California que requiere controles de antecedentes para quienes adquieren municiones es inconstitucional, representando un revés para las políticas estatales destinadas a reducir la violencia armada.
La normativa, aprobada por votantes en 2016 y vigente desde 2019, establece que cada compra de balas debe ir acompañada de una verificación que puede costar entre 1 y 19 dólares según la elegibilidad del comprador. Esta medida buscaba complementar los controles preexistentes para la compra de armas de fuego.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó la decisión previa de un juez federal que consideró que esta obligación limita el derecho constitucional a poseer y usar armas, ya que sin municiones no es posible ejercer ese derecho. La jueza Sandra Segal Ikuta, en representación del panel, señaló que el requisito impone una restricción significativa al derecho a portar armas.
El gobernador demócrata Gavin Newsom expresó su rechazo ante el fallo y defendió la importancia de leyes estrictas para proteger a las comunidades frente a la violencia con armas. Por su parte, la Asociación de Rifle y Pistola de California calificó la ley como excesivamente restrictiva y afirmó que continuará luchando contra medidas gubernamentales que consideran violatorias de derechos constitucionales.
La ley permaneció en vigor durante el proceso de apelación y fue diseñada para dificultar el acceso a municiones por parte de personas con antecedentes penales o problemas mentales, además de ayudar a rastrear armas ilegales. Sin embargo, comerciantes y usuarios legales denunciaron dificultades prácticas para comprar balas debido a limitaciones en las bases de datos estatales.
California mantiene algunas de las regulaciones más estrictas sobre armas en Estados Unidos, muchas bajo revisión judicial tras recientes fallos del Tribunal Supremo que exigen que las leyes sobre armas respeten tradiciones históricas estadounidenses. Varias otras normativas estatales también están siendo impugnadas en tribunales.