Vacío legal en pagos a expresidentes: asignaciones sin respaldo constitucional ni legal
La discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados reveló una problemática pendiente respecto a las remuneraciones que reciben los expresidentes de la República en Chile. Aunque estas asignaciones se entregan desde hace años, su base legal y constitucional no está claramente establecida tras una modificación realizada en 2020.
En ese año, en medio del proceso de reformas para reducir los sueldos de las autoridades tras el estallido social, se eliminó de la Constitución la frase que reconocía el pago de todas las asignaciones a exmandatarios. Esto dejó un vacío legal, ya que las dietas —que corresponden a un monto fijo por su labor— sí estaban reguladas, pero las asignaciones adicionales no tenían respaldo formal ni en leyes ni en la propia Constitución.
Este escenario ha generado incertidumbre sobre la legalidad del uso de recursos fiscales entregados a expresidentes para gastos relacionados con oficinas, traslados y apoyo logístico. Hasta ahora, estas cifras se pagan sin un marco jurídico claro, lo que podría derivar en futuras controversias o requerimientos legales para justificar estos fondos.
Expertos y algunos diputados han señalado que, si bien las asignaciones se continúan entregando, no existe una fuente legal explícita que respalde estos pagos. La situación se remonta a reformas previas, incluyendo el estatuto de los expresidentes aprobado en 2000, que regulaba estos beneficios bajo el esquema de dietas y asignaciones vinculadas a cargos parlamentarios y ministeriales. Sin embargo, tras los cambios constitucionales recientes, esa regulación quedó incompleta.
La problemática fue evidenciada durante el análisis del presupuesto del próximo año, donde se evidenció que recursos destinados a exmandatarios no están claramente reglamentados ni fiscalizados. La discusión continúa en busca de establecer un marco legal que garantice transparencia y respaldo jurídico a estas asignaciones.