Tribunal Calificador de Elecciones analiza posible destitución del gobernador Claudio Orrego
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfrenta un proceso judicial iniciado por consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI, quienes solicitaron su remoción ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). La acción se basa en informes de la Contraloría que detectaron irregularidades administrativas y la contratación de servicios de coaching vinculados a su campaña electoral.
El Tricel está compuesto por cinco miembros: cuatro ministros de la Corte Suprema y un expresidente del Congreso. Entre ellos destacan Arturo Prado y Cristina Gajardo, magistrados externos con afinidad política hacia la derecha, y Adelita Ravanales, vinculada políticamente a sectores conservadores. Mauricio Silva, otro ministro integrante, mantiene un perfil más técnico y cercano a una magistratura estricta en materia ética. El exdiputado Gabriel Ascencio, exmilitante DC como Orrego, completa el tribunal y podría influir en el análisis debido a sus antecedentes políticos compartidos.
El caso se complica por precedentes judiciales que han llevado a la destitución de autoridades electas por uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Ejemplos como los casos de la exalcaldesa Karen Rojo y la exgobernadora Krist Naranjo evidencian un estándar riguroso para funcionarios públicos. En particular, se subraya que las causales para sancionar faltas a la probidad son objetivas y fundamentadas en informes oficiales, lo que podría afectar negativamente a Orrego dada la evidencia presentada por Contraloría.
La resolución del Tricel será clave para definir el futuro político del gobernador metropolitano, en un contexto donde la justicia electoral evalúa con especial rigurosidad las conductas relacionadas con el uso adecuado de recursos públicos y la transparencia institucional.