Defensa de Antonio Guzmán presenta informe que cuestiona la validez de la querella del SII en caso Primus
La defensa del empresario Antonio Guzmán ha presentado un informe jurídico que cuestiona la legitimidad de la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios asociados a Primus Capital. Elaborado por el abogado tributarista Patricio Silva-Riesco, el documento argumenta que la acción del SII vulnera normas constitucionales y procesales, al no cumplir con los requisitos legales para iniciar una investigación penal en estos casos.
El pasado martes, la jueza Andrea Osorio del 4° Juzgado de Garantía de Santiago decidió modificar las medidas cautelares contra Guzmán, quien hasta entonces permanecía en prisión preventiva. La magistrada ordenó su arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional, considerando que la investigación está próxima a su cierre y que no existen riesgos actuales que justifiquen la continuidad de la prisión preventiva.
Guzmán, socio del estudio Guzmán & Asociados, enfrenta acusaciones relacionadas con un fraude millonario en Primus Capital, incluyendo delitos como administración desleal, uso malicioso de documentos falsificados y lavado de activos. Además, el SII presentó una querella que también señala presuntos delitos tributarios cometidos por Guzmán y otros exejecutivos de la firma. Sin embargo, el informe presentado por su defensa sostiene que dicha querella no cumple con los requisitos legales para ser considerada procedente, ya que fue iniciada sin la denuncia previa requerida por el Código Tributario.
El documento también denuncia que las diligencias del SII se realizaron en paralelo a las investigaciones del Ministerio Público, lo cual vulneraría la exclusividad del organismo fiscal en la persecución penal según la Constitución. Además, afirma que los antecedentes aportados por el SII no permiten justificar la existencia de un delito tributario y que las imputaciones formuladas son demasiado generales y carentes de evidencia concreta sobre el dolo o participación activa de Guzmán en las acciones ilícitas.
Por su parte, la jueza Osorio señaló que la decisión de liberar a Guzmán responde a que las diligencias están casi concluidas y a que no existen elementos suficientes para mantenerlo en prisión. Además, resaltó que el empresario no ha intentado evadir la justicia y que su participación en los hechos investigados parece limitada. La resolución también distingue entre quienes lideran la operación fraudulenta y quienes facilitan o colaboran con ella, señalando que Guzmán no cumple con los requisitos para considerarlo un líder o un riesgo para la investigación.