Análisis: No hay evidencia concluyente que vincule la eliminación de la fianza en efectivo con el aumento del crimen en EE.UU.
En medio de presiones para divulgar documentos sobre el caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump ha centrado su atención en un tema distinto dentro de la justicia penal: la eliminación de la fianza en efectivo. A través de una publicación en Truth Social, afirmó que esta medida ha provocado un incremento significativo del crimen en ciudades que la han implementado.
No obstante, expertos y estudios especializados señalan que no existe evidencia clara que respalde esta afirmación. Kellen Funk, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y especialista en procedimientos previos al juicio, calificó la declaración presidencial como “demostrablemente falsa e inflamatoria” y manifestó desconocer estudios válidos que la sustenten.
Por su parte, Jeff Clayton, director ejecutivo de la American Bail Coalition —principal lobby de la industria de fianzas—, indicó que los estudios sobre el impacto de las reformas a la fianza son inconclusos debido a que los delitos cometidos antes del juicio representan solo una pequeña fracción del total. Además, destacó la dificultad para categorizar las políticas como “sin fianza en efectivo” debido a variantes como la detención preventiva.
Illinois fue el primer estado en eliminar completamente la fianza en efectivo tras una reforma judicial aprobada en 2021. Un informe del Centro de Justicia Criminal de la Universidad Loyola Chicago publicado en 2024 señala que, un año después de su implementación, no se ha observado un aumento generalizado del crimen; incluso algunos tipos de delitos violentos y contra la propiedad disminuyeron en ciertos condados.
Otras jurisdicciones como Nueva Jersey, Nuevo México y Washington D.C. también han reducido o eliminado el uso de fianzas en efectivo con excepciones para delitos graves. Los defensores argumentan que esta medida combate una penalización basada en la pobreza, ya que permite a los acusados esperar el juicio sin necesidad económica. Los detractores alertan sobre posibles riesgos al liberar a delincuentes violentos.
Un estudio del Brennan Center for Justice (2024) analizó datos entre 2015 y 2021 en 33 ciudades estadounidenses y concluyó que no existe una relación estadísticamente significativa entre las reformas a la fianza y las tasas generales o violentas de criminalidad. De forma similar, investigaciones recientes evaluaron políticas específicas como las implementadas en Filadelfia y Harris County (Texas) sin encontrar evidencias claras que vinculen las reformas con incrementos delictivos.
En respuesta a las declaraciones presidenciales, la Casa Blanca citó un informe de 2022 del fiscal del condado Yolo (California), donde un sistema temporal sin fianzas durante la pandemia mostró altas tasas de rearresto. Sin embargo, estudios posteriores reconocen que factores externos como las perturbaciones sociales por COVID-19 dificultan atribuir directamente estos resultados a las reformas.
Especialistas coinciden en que el comportamiento criminal es influido por múltiples variables complejas y que aislar el efecto exclusivo de cambios en políticas de fianzas resulta complicado. Por ende, afirmar categóricamente que eliminar la fianza en efectivo aumenta el crimen carece hasta ahora de respaldo científico sólido.