Autoridad electoral colombiana deja en manos de las altas cortes la decisión sobre la consulta popular convocada por Petro
La autoridad electoral colombiana ha señalado que la decisión final sobre la realización de la consulta popular en torno a la reforma laboral recae en las altas cortes del país. Hernán Penagos, registrador nacional, explicó que existe una disputa jurídica significativa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que, debido a la complejidad del asunto, lo más adecuado es que sean los tribunales superiores quienes determinen si la consulta puede proceder.
Desde que el presidente Petro anunció la convocatoria en junio pasado, diferentes actores jurídicos han presentado acciones legales contra dicha medida. Entre estas se encuentran recursos de nulidad y tutelas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, argumentando su inconstitucionalidad. La oposición ha cuestionado la legalidad del decreto y el procedimiento para impulsar la consulta.
El proceso ha sido marcado por un rechazo legislativo previo: el Senado rechazó en marzo un proyecto de reforma laboral propuesto por Petro y posteriormente negó la convocatoria mediante un plebiscito. Ante estos obstáculos, el mandatario recurrió a un decreto para llamar a los ciudadanos a votar en agosto, fecha en la que cumple tres años en el cargo. Sin embargo, Penagos aclaró que la autoridad electoral es independiente y que aún no hay certeza sobre si será posible realizar la consulta en esa fecha.
Por cuestiones logísticas y presupuestarias —la consulta costaría cerca de 183 millones de dólares—, además de los plazos estrictos para organizar toda la logística electoral internacional y nacional, resulta inviable efectuarla en menos de tres meses. El registrador resaltó que esta tarea implica distribuir materiales a más de 67 países y capacitar a unos 650 mil jurados en todo el territorio colombiano.
Finalmente, Penagos expresó su expectativa de una pronta resolución judicial para definir si se continúa o no con los trámites necesarios para llevar adelante la consulta popular, dejando claro que su organismo actúa con autonomía e independencia respecto a las decisiones políticas.