Controversia en EE.UU. por el control de la Guardia Nacional en California
En Estados Unidos, una decisión del gobierno federal ha generado un intenso debate legal y político. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras las protestas ocurridas en junio, sin contar con la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom. Esta acción rompe con una tradición que se remonta a 1965, cuando un presidente no había movilizado tropas estatales sin respaldo gubernamental.
El despliegue se realizó mediante el uso del Título 10 de la Ley de Fuerzas Armadas, lo que permite al Departamento de Defensa tomar control directo de las unidades militares estatales. En este caso, unos 4.000 soldados californianos fueron enviados a la ciudad para proteger instalaciones federales y funcionarios durante las manifestaciones. La medida generó rechazo por parte del gobernador y la alcaldesa de Los Ángeles, quienes consideran que la presencia militar complicó las labores policiales y no resolvió los problemas subyacentes.
Este episodio plantea interrogantes sobre los límites del poder presidencial y la autonomía de los estados en situaciones de crisis interna. La controversia también revive el debate sobre la utilización de las fuerzas militares en contextos civiles, especialmente ante la posibilidad de invocar leyes como la Ley de Insurrección, que otorga facultades extraordinarias al mandatario para reprimir disturbios. La situación evidencia las tensiones existentes entre diferentes niveles de gobierno y las implicaciones para la seguridad y los derechos civiles en Estados Unidos.