Informe de Contraloría revela irregularidades millonarias en el gasto estatal y genera rechazo en el Congreso
La Contraloría General de la República presentó un informe que evidencia irregularidades por un monto superior a los 1,5 billones de pesos en distintas reparticiones del Estado durante el período entre abril de 2024 y marzo de 2025. La auditoría abarcó municipalidades, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, organismos vinculados a áreas como salud, medioambiente y deporte, realizando en total 792 revisiones.
El documento revela incumplimientos en normas contables y presupuestarias, deficiencias en la gestión contractual y en los procesos de rendición de cuentas, además de gastos sin respaldo o improcedentes. Estas irregularidades generan preocupación sobre la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Reacciones en el mundo político no se hicieron esperar. Parlamentarios de oposición criticaron duramente la gestión de la Dirección de Presupuestos (Dipres), vinculando los hallazgos con un posible contexto electoral y exigiendo cambios estructurales para reducir el tamaño del Estado y mejorar su fiscalización. Líderes como Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, enfatizaron la necesidad de controlar mejor el gasto público para evitar que los recursos destinados a áreas esenciales terminan siendo malgastados o utilizados para fines ilícitos.
Otros legisladores coincidieron en que la situación refleja una mala administración que afecta directamente a las familias chilenas, especialmente en regiones donde aún se esperan soluciones en salud, vivienda y reconstrucción. Además, algunos llamaron a fortalecer los mecanismos de control y sanción para evitar que estos casos se repitan.
El informe también destaca que los municipios, las fuerzas policiales y las instituciones regionales concentran los mayores montos observados, sumando más de 600 mil millones de pesos. Desde el Congreso, se comprometieron a fiscalizar exhaustivamente estos recursos y a promover investigaciones judiciales cuando corresponda. La credibilidad institucional y la confianza ciudadana están en juego frente a estos hallazgos que evidencian una gestión deficiente y un posible daño al patrimonio público.