Tribunal confirma arresto domiciliario para abogado vinculado a fraude millonario en Primus Capital
La Corte de Apelaciones de Santiago respaldó la decisión tomada por el Cuarto Juzgado de Garantía que, el 10 de junio, reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario para el abogado Antonio Guzmán, quien permaneció ocho meses en el penal Capitán Yáber. Guzmán es investigado por presuntos delitos relacionados con estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso y lavado de activos.
En las próximas horas se espera la publicación oficial del fallo completo en el sitio del Poder Judicial, donde se explicarán los fundamentos para mantener a Guzmán fuera de prisión. Durante la audiencia, su defensa estuvo a cargo del abogado Juan Pablo Hermosilla, mientras que la Fiscalía fue representada por María Cristina Bernedo. Además, participaron como querellantes representantes de Primus Capital y del Servicio de Impuestos Internos (SII).
El caso tiene su origen en julio de 2022, cuando ejecutivos de Primus Capital retiraron sin autorización más de $1.300 millones desde las cuentas corporativas para cubrir obligaciones privadas relacionadas con otra sociedad. Posteriormente, se detectaron irregularidades como facturas falsas y cheques adulterados, lo que llevó a una investigación interna que descubrió un posible esquema fraudulento sistemático involucrando montos superiores a $5.600 millones.
Ante esta situación, los controladores de la empresa realizaron una inyección financiera superior a $50 mil millones para evitar su colapso. Mientras los exgerentes inicialmente negaron responsabilidades y presentaron demandas laborales, luego admitieron parte de los ilícitos durante sus declaraciones ante la Fiscalía.
Por otro lado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó una multa récord de 50 mil UF (aproximadamente US$2 millones) contra Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, por entregar información falsa al mercado y al regulador. Además, le impuso una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos directivos o ejecutivos en entidades financieras.