Congreso impulsa fortalecimiento de la Contraloría con facultades sancionatorias y posibles destituciones
El Congreso Nacional ha comenzado a debatir iniciativas legislativas destinadas a robustecer la labor de la Contraloría General de la República (CGR), luego de que un informe público evidenciara objeciones por más de un billón y medio de pesos en gastos estatales. Este documento, que exhibe negligencias administrativas y posibles delitos, ha generado una agenda orientada a reforzar los mecanismos de fiscalización y control interno del Estado.
Entre las propuestas se encuentra la creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, que elevaría el actual Consejo de Auditorías dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. Aunque algunos senadores cuestionaron su costo y posible duplicidad con funciones ya ejercidas por la Contraloría, prevaleció el consenso sobre la necesidad de perfeccionar estos organismos para optimizar la gestión de riesgos y gobernanza pública.
Paralelamente, proyectos presentados por diputados del PPD y RN plantean otorgar a la Contraloría facultades para solicitar destituciones directas ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y que sus observaciones tengan carácter vinculante. Esta medida busca también responsabilizar no solo a los funcionarios implicados, sino a sus superiores jerárquicos, en respuesta a hallazgos sobre falta de diligencia en recuperar fondos o aplicar sanciones tras sumarios administrativos.
La discusión política se intensifica con críticas cruzadas: mientras representantes opositores exigen al Ejecutivo una respuesta clara y acciones concretas frente a las irregularidades detectadas, desde el gobierno se destaca que informes similares han existido anteriormente y que muchas anomalías corresponden a instituciones fuera del control directo del Ejecutivo. No obstante, el debate apunta hacia una mayor exigencia para controlar el gasto público y reducir el déficit fiscal mediante una administración más eficiente y transparente.