Controversia por contratación de abogados vinculados a narcotráfico en Carabineros
La Dirección de Bienestar de Carabineros contrató a dos exfiscales, Alejandro Peña Ceballos y José Villalobos Gómez, quienes actualmente ejercen como abogados particulares y figuran en el registro de la Contraloría como defensores de imputados por delitos relacionados con la Ley 20.000, que regula el tráfico ilícito de drogas. Solo en mayo de 2025, ambos recibieron pagos superiores a 2,5 millones de pesos según datos del Portal de Transparencia.
Esta situación ha generado un intenso debate debido a que la normativa vigente prohíbe que funcionarios o contratistas del Estado representen a personas involucradas en casos de narcotráfico, dado el evidente conflicto ético y legal. Los abogados forman parte del llamado “bufete verde oliva”, un grupo de penalistas que defienden a policías investigados o formalizados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que se ha creado un registro de especialistas para asesorías externas y afirmó que aún no existen contratos formales. Además, indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con Carabineros para revisar la compatibilidad legal y ética antes de avanzar con estas contrataciones.
Expertos legales y representantes del Colegio de Abogados han señalado que existe una incompatibilidad clara al contratar profesionales que defienden a imputados por narcotráfico para asesorar a una institución encargada precisamente de combatir estos delitos. El caso ha reavivado la discusión sobre los mecanismos de control y transparencia en el uso de recursos públicos dentro de organismos policiales.