Cierre de clínicas de aborto persiste incluso en estados donde es legal
Desde la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló Roe v. Wade, el sistema que sostiene el acceso al aborto ha sufrido un desgaste considerable. Aunque en varios estados la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo legal, numerosos centros han cerrado sus puertas debido a la disminución de donaciones y al incremento en los costos operativos.
El aumento inicial en la financiación tras la sentencia se ha reducido, mientras que la demanda de servicios sigue creciendo. Esto ha generado una presión significativa sobre clínicas y organizaciones dedicadas a facilitar el acceso, que ahora enfrentan retos logísticos y económicos mayores, especialmente por la necesidad creciente de que las personas viajen a otros estados para acceder a estos servicios.
Los viajes implican gastos adicionales como transporte, alojamiento y cuidado infantil, elevando el costo total para quienes buscan abortar. Además, aunque el uso de medicamentos abortivos vía telemedicina ha aumentado y facilita el acceso en algunos casos, no es una solución universal debido a limitaciones legales y preferencias personales.
Por otra parte, recientes medidas federales y propuestas legislativas amenazan con restringir aún más los fondos destinados a clínicas y organizaciones como Planned Parenthood. Estas acciones podrían provocar el cierre de un número significativo de centros, incluso en estados donde el aborto sigue siendo legal, profundizando así la crisis en el acceso a la salud reproductiva.