Congreso aprueba reforma al sistema notarial tras disputa entre Cámara y Senado
El Congreso concluyó la aprobación de la reforma al Sistema Notarial y Registral, conocida también como la ley de notarios, conservadores y archiveros, que busca modernizar y transparentar el nombramiento y funcionamiento de estos funcionarios. La discusión final del proyecto estuvo marcada por una fuerte discrepancia entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto a la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), entidad que actualmente abarca 26 comunas metropolitanas.
Mientras los diputados impulsaban desbloquear la división del CBRS mediante decreto presidencial para facilitar su desarticulación, los senadores se mostraban mayoritariamente en contra debido a la complejidad técnica y el buen funcionamiento actual del organismo. Esta diferencia llevó a la formación de una comisión mixta para buscar un acuerdo, donde finalmente se aceptó dividir el CBRS bajo estrictos requisitos, como informes vinculantes del Poder Judicial.
No obstante, al momento de votar en la Cámara, se modificó el procedimiento acordado en la comisión mixta, reduciendo las votaciones y rechazando el régimen especial para el CBRS. Esta acción fue respaldada por todas las bancadas y permitió que el conservador capitalino pudiera dividirse mediante decreto presidencial. La decisión generó molestia en el Senado, que acusó una alteración del esquema de votación pactado y evaluó recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
El senador Pedro Araya (PPD) propuso presentar un requerimiento ante el TC para dejar constancia de esta situación, pero la mayoría del Senado rechazó esta iniciativa. Finalmente, el proyecto fue aprobado conforme al procedimiento establecido por la comisión mixta y despachado a ley. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que esta reforma representa un avance significativo para el sistema judicial y los ciudadanos, estableciendo nuevos estándares para servicios notariales y registrales, incluyendo selección mediante Sistema de Alta Dirección Pública, límites de edad para los cargos, tarifas máximas y fiscalización reforzada a través del Servicio Nacional del Consumidor.