Senado confirma que pagos a expresidentes se sustentan en un acuerdo interno y plantea reforma integral
En una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), abordó la controversia sobre la base legal de las asignaciones que reciben los expresidentes por gastos de oficina, personal y traslados. La discusión surgió tras la presentación de mociones que proponían reformar estas rentas y gastos, impulsadas por diputados como Pamela Jiles y Carlos Bianchi.
Durante el debate, se descubrió que estas asignaciones carecen de respaldo constitucional y no están reguladas en la Ley Orgánica del Congreso ni en la Ley de Presupuesto, a diferencia de las dietas. Esta situación generó incertidumbre sobre la legitimidad de los pagos y puso en riesgo un conflicto institucional entre ambas cámaras legislativas.
Para despejar dudas, Ossandón asistió personalmente a la comisión acompañado por asesores jurídicos, quienes realizaron un estudio exhaustivo. El análisis concluyó que los pagos se sustentan en un acuerdo adoptado en 2020 por la Comisión de Régimen Interno del Senado, órgano facultado para administrar recursos según la Ley de Presupuesto. Sin embargo, reconoció que existen interpretaciones jurídicas contradictorias.
Ante este escenario, el senador propuso establecer un gran acuerdo político para definir una pensión clara para los expresidentes que reemplace las actuales asignaciones y evite ambigüedades legales. Destacó la necesidad de una fórmula sencilla y transparente que garantice la dignidad del cargo sin generar complicaciones administrativas ni legales para el Congreso.