Crimen organizado y su infiltración en instituciones chilenas: un desafío creciente
En las últimas semanas, Chile ha sido escenario de múltiples casos que evidencian la creciente influencia del crimen organizado dentro de sus instituciones. Entre estos destacan la formalización de militares por tráfico de drogas y asociación ilícita, la destitución de un fiscal por presuntos vínculos con narcotraficantes, la captura de una red vinculada al Tren de Aragua dedicada al lavado de dinero mediante extorsiones y trata de personas, así como el secuestro de un exalcalde.
Estos sucesos han generado un debate sobre si se trata de hechos aislados o si reflejan una problemática más profunda y estructural. Para el académico Carlos Guajardo, de la Universidad Alberto Hurtado, estas situaciones son manifestaciones visibles de problemas que han estado gestándose durante años y que representan solo la punta del iceberg. La investigadora Valeska Troncoso, del Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado Transnacional, coincide en que estos casos ilustran distintas formas en que el crimen organizado opera, aprovechando la impunidad, corrupción y violencia presentes en diversas esferas.
Las autoridades reconocen la gravedad del escenario. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó que aunque el crimen organizado tiene una alta capacidad para infiltrarse en la sociedad e instituciones, los casos detectados evidencian el funcionamiento de los sistemas internos de control. Sobre el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya, se ha señalado que no existen indicios claros que lo vinculen a su condición política, aunque expertos advierten sobre posibles conexiones con delitos como la trata de personas.
A pesar del aumento en estos fenómenos, especialistas enfatizan que Chile aún no alcanza niveles comparables a los países con cárteles consolidados como México o Colombia. Sin embargo, alertan sobre la necesidad urgente de fortalecer controles internos y realizar auditorías integrales en instituciones clave para detectar patrones anómalos y evitar una mayor infiltración. El gobierno ha avanzado en estrategias coordinadas entre organismos de seguridad y promueve medidas como levantar el secreto bancario para rastrear el financiamiento ilícito. La vigilancia constante y la inteligencia financiera son consideradas herramientas esenciales para enfrentar este desafío y proteger la integridad institucional.