Familias de víctimas en caso de Idaho enfrentan limitaciones en acuerdos de culpabilidad
El hombre acusado por el asesinato a puñaladas de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre de 2022 ha acordado declararse culpable, según informó un abogado representante de una familia víctima. Sin embargo, dicha familia se opone a cualquier acuerdo que excluya la pena de muerte.
Shanon Gray, abogado de la familia de Kaylee Goncalves, solicitó posponer la audiencia para el cambio de declaración del acusado Bryan Kohberger, prevista para este miércoles, con el fin de que las familias puedan desplazarse hasta Boise y asistir personalmente.
En contraste, la familia de Ethan Chapin apoya el acuerdo, mientras que los padres y tutores legales de Madison Mogen planean emitir una declaración tras la audiencia. Por su parte, los familiares de Xana Kernodle no han respondido a solicitudes de entrevista.
Los fiscales destacaron en una carta dirigida a las familias que se reunieron con ellas antes de extender la oferta. Sin embargo, esta situación pone en evidencia las limitaciones que enfrentan las víctimas y sus allegados para influir en decisiones clave como los acuerdos judiciales.
Desde los años setenta, se han desarrollado leyes para proteger los derechos de las víctimas en Estados Unidos. A nivel federal, la Ley de Derechos de Víctimas de 2004 establece ocho derechos específicos, incluyendo protección frente al acusado y notificación oportuna sobre procedimientos judiciales.
Cada estado regula estos derechos según sus propias normativas. En Idaho, la Constitución reconoce diez derechos para las víctimas, entre ellos ser tratadas con respeto, ser notificadas sobre eventos judiciales y tener la posibilidad de ser escuchadas en audiencias relacionadas con acuerdos o sentencias.
No obstante, aunque las víctimas pueden expresar su opinión y participar durante el proceso judicial, no tienen control sobre las decisiones finales del fiscal ni sobre la aprobación del tribunal respecto a un acuerdo. Los jueces pueden rechazar acuerdos pero es poco común.
Expertos señalan que garantizar una participación significativa de las víctimas es fundamental para que los tribunales evalúen si un acuerdo es justo. Sin embargo, no existe un mecanismo formal para apelar decisiones fiscales contrarias a los deseos de las víctimas.
En este caso particular, las familias han manifestado sus posturas mediante reuniones y comunicaciones con fiscales. La familia Goncalves señaló que el proceso fue rápido y poco claro tras casi dos años esperando el juicio previsto inicialmente para agosto.