El Departamento de Justicia intensifica la revocación de ciudadanía a inmigrantes con antecedentes penales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reforzado sus esfuerzos para revocar la ciudadanía a inmigrantes que hayan adquirido su estatus mediante fraude o que representen una amenaza para la seguridad nacional, según un memorando reciente que refleja la línea dura en inmigración impulsada desde la administración Trump.
Históricamente, los casos de denaturalización se han centrado en criminales de guerra y personas que ocultaron información relevante durante su proceso migratorio. Sin embargo, esta iniciativa ha cobrado mayor impulso, con un enfoque ampliado hacia individuos vinculados a delitos violentos, pandillas, fraudes y terrorismo. El incremento en estas acciones ha generado inquietud entre organizaciones defensoras de derechos civiles, que temen un uso político y arbitrario de este mecanismo legal.
El memorando firmado por Brett Shumate, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, destaca que se priorizarán casos relacionados con amenazas a la seguridad nacional y delitos graves. No obstante, expertos legales advierten que el lenguaje amplio podría facilitar la denaturalización basada en antecedentes penales menores o acusaciones no fundamentadas, lo que podría afectar a ciudadanos naturalizados sin justificación clara.
En respuesta a estas preocupaciones, activistas señalan que esta política puede generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes elegibles para la naturalización y aumentar el temor dentro de comunidades migrantes. Aunque reconocen la importancia de sancionar fraudes reales, insisten en la necesidad de garantizar procesos justos y evitar persecuciones motivadas por razones políticas o discriminatorias.