Senado aprueba reforma notarial tras controversia por cambios en votación de la Cámara
El Senado dio luz verde definitiva a la reforma del sistema registral y notarial, una iniciativa largamente esperada que introduce cambios estructurales y funcionales para modernizar estos servicios. La nueva legislación establece criterios claros para la designación de notarios, conservadores y archiveros, delegando al Servicio Civil la responsabilidad sobre la convocatoria y evaluación de candidatos.
Además, la ley incorpora incompatibilidades para el ejercicio de estos cargos y fortalece el régimen de fiscalización. Se regulan los aranceles mediante mecanismos técnicos que fijan precios máximos obligatorios, garantizando así transparencia y equidad. También se establecen estándares mínimos en infraestructura, equipamiento, atención al público y presencia digital para mejorar la calidad del servicio.
La aprobación no estuvo exenta de polémica. La comisión de Constitución del Senado objetó que en la Cámara de Diputados se modificara unilateralmente el esquema de votación acordado previamente en la comisión mixta, especialmente en lo referente a la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Mientras el acuerdo original contemplaba tres votaciones para definir esta materia, en Diputados solo se sometió a votación el régimen especial, que fue rechazado, dejando al conservador sujeto a normativas generales.
Ante esta situación, el Senado realizó simbólicamente las tres votaciones acordadas inicialmente, aunque solo pueden despacharse a ley los acuerdos coincidentes entre ambas cámaras. El senador Pedro Araya (PPD) solicitó recurrir al Tribunal Constitucional para resolver esta discrepancia procedimental, pero su petición fue rechazada por el secretario general del Senado y posteriormente por la Sala. Araya advirtió sobre posibles consecuencias negativas si este tipo de alteraciones unilaterales se replican en futuras leyes con origen en la Cámara de Diputados. Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic (PS) calificó como grave la modificación unilateral del procedimiento por parte de Diputados, señalando que podría vulnerar normas con respaldo constitucional.