Más de US$ 5.800 millones en programas estatales no cumplen criterios clave de evaluación
La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, junto con la Subsecretaría de Evaluación Social, realiza anualmente una evaluación rigurosa de los programas que componen la oferta estatal. El objetivo es identificar oportunidades para mejorar el uso de los recursos públicos mediante el análisis de tres criterios fundamentales: focalización, eficiencia y eficacia.
En la última revisión, se evaluaron 706 programas estatales con un presupuesto total que supera los $38.490.785 millones (aproximadamente US$ 45.822 millones), cifra que representa cerca del 44% del gasto público total. De estos, 493 corresponden a programas sociales y 213 a no sociales.
El estudio elaborado por Hermann Consultores detalla que 242 programas no cumplen con el criterio de focalización, involucrando recursos por US$ 23.213 millones; 350 incumplen en eficiencia, asociados a US$ 21.527 millones; y 319 fallan en eficacia, con fondos por US$ 13.714 millones. Cabe destacar que algunos programas presentan deficiencias en más de un criterio.
Particularmente, 75 programas no superan ninguno de los tres filtros evaluados, acumulando un presupuesto total cercano a US$ 5.881 millones. En contraste, 153 iniciativas cumplen con los tres estándares, representando US$ 3.783 millones en recursos públicos.
El análisis por ministerios indica que el Ministerio de Educación concentra el mayor número y monto en incumplimientos: posee 38 programas con deficiencias en al menos un criterio (US$ 9.223 millones), lidera también con 26 programas que fallan en dos criterios (US$ 3.965 millones) y encabeza la lista con 15 programas que no cumplen ninguno (US$ 2.953 millones). Le sigue el Ministerio del Trabajo en las categorías de uno y dos incumplimientos, mientras que el Ministerio de Vivienda destaca en la segunda posición respecto a los programas que no pasan ningún filtro (cinco programas por US$ 2.310 millones).
El director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, enfatiza la necesidad de reconsiderar estos programas ineficaces para su cierre o reestructuración. Según señala, estas medidas permitirían liberar recursos para destinarlos a iniciativas más efectivas o para mejorar los existentes, optimizando así la asignación y uso del gasto público. Además, resalta que el monto total asociado a estos programas equivale al 1,7% del PIB chileno y supera en 1,3 veces la recaudación generada por la Ley sobre Cumplimiento Obligación Tributarias.