PUNTOUNO

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) respondió negativamente a la demanda presentada por Principal Compañía de Seguros de Vida de Chile, que solicitaba una indemnización superior a $23 mil millones debido a los anticipos de rentas vitalicias aplicados durante la pandemia. La aseguradora alegó haber sufrido pérdidas por esta medida, pero el CDE sostuvo ante el 3° Juzgado Civil de Santiago que otorgar dicha compensación implicaría un enriquecimiento sin causa.

Según el CDE, el mecanismo constitucional que permitió los anticipos mantuvo el equilibrio financiero del contrato de renta vitalicia, ajustando dinámicamente las prestaciones sin constituir confiscación ni expropiación. Desde un punto de vista contable y financiero, la aseguradora no experimentó una pérdida patrimonial real, ya que el adelanto entregado a los afiliados fue compensado con una reducción proporcional en sus obligaciones futuras y reservas técnicas.

Además, el CDE criticó que Principal solicite intereses adicionales sobre una cifra que ya incluye compensaciones financieras por pérdidas estimadas. Esta práctica contraviene el Código Civil, que prohíbe cobrar intereses sobre intereses atrasados. La entidad enfatizó que la ley que habilitó los anticipos estableció una compensación clara mediante la reducción equivalente en las pensiones futuras, lo que disminuyó la deuda y carga financiera de la aseguradora.

La demanda de Principal es parte de un conjunto de tres demandas relacionadas con los retiros previsionales durante la pandemia, sumando más de $57 mil millones en total. La aseguradora cuestiona además la actuación del Congreso al aprobar la Ley N° 21.330, argumentando que impuso obligaciones desproporcionadas sin compensación económica y vulneró derechos constitucionales. Según Principal, el retiro anticipado se trató en realidad de un préstamo forzado afectando directamente su patrimonio y atribuyendo al Estado responsabilidad por los perjuicios ocasionados.