Cancelación del TPS en EE.UU. afecta a 72.000 hondureños y genera incertidumbre migratoria
La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) impactará a aproximadamente 72.000 hondureños que han residido en ese país desde 1999. Esta medida, que entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial, pone en riesgo la permanencia legal de estas personas y abre la posibilidad de deportaciones y separación familiar, advirtió Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras.
El TPS fue otorgado inicialmente tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998, pero la administración estadounidense actual considera que las condiciones que justificaban esta protección ya no existen. Ante esta situación, los beneficiarios deberán buscar alternativas legales para regularizar su estatus migratorio, como vínculos familiares o solicitudes de refugio por violencia, o prepararse para un retorno a Honduras, donde enfrentan un contexto marcado por pobreza, violencia y desempleo.
La cancelación del TPS también tendrá repercusiones económicas para Honduras, ya que las remesas enviadas por migrantes representan cerca del 25 % del Producto Interno Bruto del país y son fundamentales para millones de familias. En 2024, las remesas desde Estados Unidos alcanzaron casi 7.900 millones de dólares, con proyecciones al alza para los próximos años.
Autoridades y expertos hondureños lamentan que el Estado no haya logrado resolver las causas profundas de la migración irregular y critican los argumentos estadounidenses para poner fin al TPS, dado que Honduras continúa enfrentando graves desafíos sociales y ambientales. La presidenta Xiomara Castro calificó la medida como un duro golpe y aseguró que mantendrá un diálogo abierto con Estados Unidos para proteger a sus ciudadanos y evitar una expulsión masiva.