Tribunal federal confirma validez de ley de Nueva York que responsabiliza a fabricantes de armas por tiroteos
Una corte federal de apelaciones en Nueva York respaldó una ley estatal que establece la posible responsabilidad legal de los fabricantes de armas cuando sus productos se utilizan en tiroteos mortales. La decisión, emitida por el Segundo Circuito en Manhattan, confirmó el fallo previo de un juez en Albany.
El panel de tres jueces determinó que la ley promulgada en 2021 no es inconstitucional ni ambigua. Según el texto elaborado por la jueza Eunice C. Lee, la demanda que buscaba paralizar la aplicación de esta normativa no logró demostrar que fuera inaplicable en todos sus casos.
La legislación obliga a la industria armamentista a implementar controles razonables para evitar la posesión, uso, comercialización o venta ilícita de armas dentro del estado y permite demandar a los fabricantes por actos ilegales que generen riesgos para la salud pública o seguridad.
La National Shooting Sports Foundation, asociación comercial que representa a fabricantes de armas con presencia en Nueva York, impugnó la ley argumentando que está prevenida por una legislación federal de 2005 que protege a la industria armamentista contra litigios que podrían afectar su funcionamiento.
En mayo de 2022, la jueza Mae A. D’Agostino desestimó esa demanda, señalando que el lenguaje legal era claro y se basaba en una ley estatal sobre molestias públicas vigente desde 1965.
Organizaciones defensoras contra la violencia armada, como Everytown Law y Giffords Law Center, celebraron el fallo y destacaron que la norma abre un camino para que las víctimas y sus familias responsabilicen a quienes contribuyen a la crisis de violencia con armas en Nueva York.
Un juez concurrente, Dennis Jacobs, expresó reservas sobre la amplitud del estatuto, señalando que parece diseñado específicamente para el sector armamentista y podría ser aplicado por múltiples actores públicos y privados. Sin embargo, coincidió en que puede ser compatible con las leyes federales y constitucionales vigentes.
Jacobs también comentó que esta ley estatal representa un intento deliberado de sortear las protecciones federales vigentes desde 2005, citando declaraciones del entonces gobernador Andrew Cuomo al firmar la normativa como una forma de corregir lo que consideraba un error federal.