Juicio en EE.UU. cuestiona la política de la administración Trump contra manifestantes pro-palestinos en universidades
En Boston, se desarrolla un juicio clave contra la administración Trump, donde se cuestiona una supuesta campaña para arrestar y deportar a profesores y estudiantes universitarios involucrados en manifestaciones a favor de Palestina. La demanda, presentada por asociaciones universitarias, sostiene que esta política viola la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los demandantes buscan que el juez William Young declare ilegal esta práctica, mientras que el gobierno defiende sus acciones como una aplicación legítima de las leyes migratorias para proteger la seguridad nacional, negando la existencia de una política específica contra los manifestantes.
Durante el juicio, Peter Hatch, agente del Departamento de Seguridad Nacional, explicó cómo se formó un equipo especial para investigar a miles de participantes en las protestas tras órdenes ejecutivas del expresidente Trump relacionadas con terrorismo y antisemitismo. Este grupo analizó informes que incluían datos personales, antecedentes penales y actividad en redes sociales para identificar posibles violaciones legales.
Entre los afectados destacan Mahmoud Khalil, activista palestino detenido por más de tres meses, y Rumeysa Ozturk, estudiante arrestada tras expresar críticas sobre la respuesta universitaria al conflicto en Gaza. La mayoría de los nombres investigados provienen de fuentes como Canary Mission, una organización que documenta supuestos casos de antisemitismo en campus norteamericanos, y Betar, un grupo judío conservador.
Académicos con residencia legal en Estados Unidos testificaron cómo este clima represivo limitó su activismo político y académico por temor a perder su estatus migratorio. El caso pone en debate el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles en el contexto universitario estadounidense.