Ecuador aprueba polémica ley sobre áreas protegidas que genera rechazo indígena y amenazas legales
El Congreso de Ecuador aprobó recientemente una ley sobre áreas protegidas que ha generado una fuerte oposición de comunidades indígenas, expertos legales y ambientalistas. La norma autoriza la participación de entidades privadas, incluidas compañías extranjeras, en la administración de zonas de conservación, medida que sus detractores consideran una amenaza para los derechos territoriales indígenas y las garantías constitucionales y internacionales.
La legislación fue respaldada con 80 votos a favor y 23 en contra en la Asamblea Nacional de 151 escaños, mientras que otros legisladores estuvieron ausentes durante la votación. Las autoridades gubernamentales defienden la iniciativa argumentando que fortalecerá el control sobre las tierras protegidas, mejorará la seguridad en los parques nacionales, fomentará el ecoturismo y combatirá la minería ilegal sin permitir actividades extractivas.
Sin embargo, líderes indígenas como Justino Piaguaje y organizaciones internacionales han denunciado que la ley viola múltiples acuerdos internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, además de no respetar el derecho a la consulta previa con las comunidades afectadas. Se han anunciado recursos legales ante la Corte Constitucional ecuatoriana y foros internacionales para impugnar la norma.
La aprobación se realizó bajo una declaración de urgencia económica vinculada a un conflicto interno nacional, lo que aceleró el proceso legislativo y limitó el debate público. Mientras tanto, defensores del texto insisten en que no autoriza actividades extractivas y celebraron su aprobación dentro del Parlamento.