Persisten explosivos en territorio indígena de Sarayaku pese a orden judicial en Ecuador
En la selva amazónica ecuatoriana, la comunidad indígena de Sarayaku continúa con más de 1.400 kilos de explosivos enterrados en su territorio ancestral, a pesar de una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2012. Esta sentencia histórica exigió al Estado ecuatoriano retirar dichos artefactos y garantizar derechos fundamentales para los pueblos indígenas afectados por concesiones petroleras.
Casi quince años después, el cumplimiento sigue pendiente. La reciente resolución de la Corte Constitucional en diciembre de 2023, que estableció un plazo máximo de un año para ejecutar las medidas ordenadas por el tribunal internacional, no ha logrado avances concretos. Además, aún no se promulga una ley que regule el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas, otro mandato derivado del caso Sarayaku.
La población kichwa de Sarayaku, compuesta por aproximadamente 1.500 personas distribuidas en 144.000 hectáreas en la provincia amazónica de Pastaza, ha mantenido una lucha constante contra las actividades extractivas desde hace más de tres décadas. La sentencia del CIDH también incluyó indemnizaciones y actos simbólicos, aunque varios compromisos, como la capacitación en derechos colectivos para militares y el retiro efectivo de explosivos, permanecen incumplidos.
Representantes como Patricia y Noemí Gualinga denuncian la falta de voluntad estatal y resaltan que esta victoria judicial fue fundamental para otras comunidades indígenas que enfrentan amenazas similares. Sin embargo, también señalan obstáculos sociales y políticos que dificultaron inicialmente la solidaridad regional. La persistencia del conflicto refleja tensiones entre derechos indígenas y actividades extractivas en zonas ecológicamente sensibles del Ecuador amazónico.