Confusión y disputas marcan la investigación por tráfico de drogas en la FACh
El descubrimiento del intento de tráfico de ketamina protagonizado por cinco exmiembros de la Fuerza Aérea (FACh) ha estado rodeado por una serie de desaciertos y controversias institucionales que han complicado el avance del proceso investigativo. Desde el inicio, la Fiscalía de Tarapacá abrió una indagatoria de oficio, mientras que la Fiscalía de Aviación asumió que correspondía a su competencia llevar adelante la investigación formal, generando un conflicto que llegó hasta los tribunales.
La fiscal regional Trinidad Steinert solicitó acceso a los antecedentes del caso, pero inicialmente se le negó esta información, lo que motivó su recurso ante la Corte de Apelaciones y el tribunal de garantía de Iquique. La audiencia para resolver qué fiscalía tendrá competencia está programada para el 18 de julio. Sin embargo, recientemente la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció que la Fiscalía de Aviación transferirá el caso a la Fiscalía ordinaria, cerrando así el debate sobre quién debe investigar.
Este proceso estuvo marcado por declaraciones contradictorias y confusión institucional. Tras una reunión encabezada por el Presidente Gabriel Boric con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, se instruyó entregar toda la información disponible a la fiscalía civil. No obstante, el comandante en jefe de la FACh, Hugo Rodríguez, aclaró que no existe injerencia presidencial directa en decisiones judiciales, generando interpretaciones encontradas y explicaciones posteriores por parte del Gobierno para aclarar malentendidos.
Por su parte, la FACh inicialmente entregó solo un resumen parcial del expediente a la Fiscalía de Tarapacá y condicionó el envío completo a la resolución judicial sobre competencia. Posteriormente, se confirmó que toda la documentación fue remitida al Ministerio Público para avanzar en las diligencias. El debate también ha puesto en evidencia diferencias en torno a si corresponde aplicar criterios o normas legales estrictas para determinar qué justicia debe actuar, con autoridades señalando que la justicia militar no está preparada para enfrentar delitos complejos como el crimen organizado internacional.