Debate entre alcaldes por el futuro del Fondo Común Municipal y las contribuciones
El impuesto territorial, conocido comúnmente como contribuciones, recaudó en 2024 más de $2.500.000 millones, destinándose cerca del 61% de esos recursos al Fondo Común Municipal (FCM), que financia a las municipalidades chilenas. Sin embargo, el debate sobre cómo debe estructurarse este impuesto ha generado posturas encontradas entre los alcaldes.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos, la mayoría de las propiedades habitacionales están exentas del pago de contribuciones, mientras que una minoría aporta este gravamen. En contraste, las propiedades no habitacionales, como comercios e industrias, sí pagan este impuesto. Esto ha provocado cuestionamientos sobre la equidad y la progresividad del sistema tributario municipal.
Por un lado, alcaldes como Gustavo Alessandri (Zapallar) y Sebastián Sichel (Ñuñoa) critican el actual sistema por ser injusto para familias de ingresos medios y adultos mayores, quienes enfrentan cobros desproporcionados que pueden obligarlos a vender sus viviendas. Proponen reformular el impuesto para aliviar esta carga sin perjudicar el financiamiento municipal.
En cambio, representantes de comunas con menos recursos, como Javiera Reyes (Lo Espejo) y Tomás Vodanovic (Maipú), defienden el impuesto territorial como un mecanismo esencial para redistribuir riqueza y garantizar recursos a municipios vulnerables. Alertan que debilitarlo podría afectar negativamente la capacidad del Estado para apoyar a estas comunas.
El FCM fue creado en 1979 para promover la equidad territorial mediante la redistribución solidaria de ingresos entre municipios. Actualmente, solo 52 comunas aportan netamente al fondo, mientras que las restantes reciben más recursos de los que entregan. Comunas de alto ingreso como Las Condes o Vitacura contribuyen mayoritariamente al FCM, que representa hasta un 80% del presupuesto en comunas con menos recursos.
El desafío reside en encontrar un equilibrio que permita mantener la solidaridad intermunicipal sin imponer cargas excesivas a ciertos grupos poblacionales. Los alcaldes coinciden en que cualquier reforma debe considerar nuevas fuentes de financiamiento y una revisión integral del sistema tributario municipal para garantizar justicia y sostenibilidad.