Desafíos y tensiones en financiamiento climático marcan la conferencia de Bonn rumbo a la COP 30 en Belém
Entre el 16 y 26 de junio se llevó a cabo en Bonn, Alemania, la reunión técnica de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (SB62), un paso fundamental hacia la próxima Conferencia de las Partes (COP 30), que se realizará en noviembre en Belém, Brasil.
Un análisis elaborado por Felipe Fontecilla y Benjamín Carvajal, de la ONG Uno.Cinco, destacó la ausencia de consensos claros en torno al financiamiento climático, tema central para la COP 30. La discusión se centró en las brechas existentes entre países desarrollados y en desarrollo, así como en la necesidad de una transición justa y una aplicación efectiva del Acuerdo de París.
Uno de los principales resultados fue la presentación del “Baku to Belém Roadmap”, una hoja de ruta que busca movilizar US$ 1,3 billones anuales hasta 2035. Sin embargo, esta propuesta recibió críticas por la falta de cronogramas precisos y metas vinculantes, especialmente desde los países del sur, que demandan financiamiento público, concesional y sin condicionalidades, con acceso directo y simplificado para proyectos de mitigación, adaptación y gestión de pérdidas y daños.
El financiamiento climático sigue mostrando desequilibrios: en 2022, solo el 28% del total movilizado por países desarrollados se destinó a adaptación y menos del 20% a desarrollo de capacidades en países en desarrollo. Esta situación limita el impacto real del financiamiento.
Durante la conferencia también cobró relevancia el Belém Action Mechanism (BAM), un instrumento propuesto para canalizar apoyo técnico y financiero hacia procesos inclusivos de descarbonización. Países del sur y organizaciones civiles insisten en que este mecanismo debe incorporar la participación activa de comunidades afectadas, sindicatos y pueblos indígenas para garantizar justicia distributiva. Aunque aún no aprobado, BAM podría ser una decisión clave en la COP 30.
Expertos como Benjamín Carvajal subrayan que para que estos fondos generen soluciones efectivas deben estar acompañados por políticas públicas coherentes, gobernanza técnica sólida y formación especializada. En el caso chileno, donde ya se han aprobado más de US$ 1.200 millones en fondos climáticos internacionales, existe un claro potencial para impulsar innovación desde el sur global.
Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, enfatiza que América Latina y Chile tienen una oportunidad estratégica para posicionarse como defensores activos del BAM, asegurando que su diseño incorpore justicia territorial y financiamiento público adecuado. Además, advierte sobre la urgencia de consolidar el Fondo de Pérdidas y Daños con recursos nuevos, adicionales y sin condicionamientos, basados en principios de responsabilidad histórica y equidad.
Respecto al rol privado, Ducci destaca que las empresas deben complementar las responsabilidades estatales invirtiendo estratégicamente en resiliencia operativa y mercados sostenibles.
De cara a la COP 30, las expectativas apuntan a que se establezca un nuevo pacto climático que garantice financiamiento adicional, predecible y accesible. Chile podría jugar un papel relevante promoviendo cooperación sur-sur, colaboración público-privada e instrumentos innovadores como canjes de deuda por acción climática o bonos soberanos sostenibles. No obstante, Carvajal advierte que ello será posible solo si se combinan políticas públicas robustas con educación, herramientas de gestión y transferencias financieras desde países desarrollados.
Los autores concluyen planteando interrogantes clave para Belém: si el financiamiento climático será reconocido como un derecho más que una deuda; si la transición justa contará con una arquitectura institucional real; y si se avanzará hacia un multilateralismo posoccidental basado en justicia climática en lugar de dominación encubierta.