Informe identifica fallas regulatorias en energía, telecomunicaciones y salud en Chile
Un análisis reciente elaborado por la Red ProCompetencia junto a la Escuela de Gobierno y la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) evaluó las principales barreras regulatorias y estructurales que afectan a los mercados eléctrico, telecomunicaciones y de seguros complementarios de salud en Chile. La investigación, basada en las opiniones de 80 expertos del ámbito académico, público y privado, busca aportar una visión crítica sobre cómo estos obstáculos impactan la competencia y la calidad de los servicios.
El estudio destaca que las autoridades encargadas de la defensa de la competencia, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), tienen un rol relevante en estos sectores, incluso equiparable o superior al de las autoridades sectoriales tradicionales. Sin embargo, se señala que organismos como el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentan baja influencia, mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) enfrenta cuestionamientos debido a su dependencia política y falta de enfoque técnico a largo plazo.
En el ámbito energético, se identifican trabas como los complejos procesos para obtener permisos ambientales y patrimoniales, que desalientan nuevas inversiones. Además, se critica el modelo tarifario para distribución eléctrica por su obsolescencia tecnológica y falta de incentivos adecuados para renovar infraestructuras. En telecomunicaciones, se subraya la necesidad urgente de crear un organismo regulador autónomo con una visión técnica y estratégica para enfrentar los retos asociados a la economía digital.
Respecto a los seguros complementarios de salud, el informe señala una alta politización en entidades como Fonasa y la Superintendencia de Salud. También advierte sobre problemas derivados del diseño regulatorio introducido en 2024, especialmente en relación con Fonasa supervisando aseguradoras mientras gestiona cobros, lo que podría generar riesgos financieros por asimetrías informativas y dificultar que los consumidores comparen opciones adecuadamente.