Abbe Lowell alerta sobre la presión extrema de Trump sobre el sistema judicial estadounidense
Abbe Lowell, destacado abogado que ha representado a personalidades como Jared Kushner y Hunter Biden, manifestó su preocupación por el impacto que las medidas del expresidente Donald Trump están teniendo sobre la democracia y el sistema judicial de Estados Unidos. En una entrevista con Financial Times, Lowell advirtió que el uso del poder ejecutivo por parte de Trump para presionar a estudios jurídicos y tribunales podría llevar al límite la estructura institucional del país.
Lowell recordó que durante el primer mandato de Trump la democracia fue puesta a prueba pero resistió, sin embargo, ahora el escenario es más grave, con un Gobierno que está empujando las instituciones hasta un punto crítico. El abogado, con una trayectoria que incluye la defensa de figuras políticas de diversos sectores como Bill Clinton e Ivanka Trump, fundó recientemente su propio estudio jurídico orientado a contrarrestar lo que considera un abuso en las atribuciones gubernamentales.
En sus declaraciones, Lowell hizo referencia a su experiencia durante el juicio político a Clinton hace tres décadas, cuando alertó sobre los riesgos de erosionar la separación de poderes establecida en la Constitución estadounidense. Según él, ese “muro” está hoy muy deteriorado y su mayor temor es que Trump logre socavar la autoridad judicial, lo que dejaría al país sin los mecanismos necesarios para equilibrar el poder.
Lowell también señaló que Trump ha lanzado una ofensiva contra opositores mediante órdenes ejecutivas dirigidas a universidades, organizaciones civiles y firmas legales, generando tensiones dentro del sector jurídico. Algunos estudios han cedido a estas presiones, mientras otros abogados buscan resistirlas. Entre los clientes del nuevo bufete de Lowell se encuentran la fiscal general de Nueva York Letitia James y el exfuncionario Miles Taylor, ambos críticos del expresidente.
Finalmente, Lowell destacó la complejidad y el volumen de demandas legales que han surgido contra las órdenes ejecutivas de Trump y cuestionó si la actual administración cuenta con los recursos para gestionarlas adecuadamente. Aunque advirtió que muchas podrían fracasar ante una Corte Suprema conservadora, sostuvo que ciertos casos basados en derechos constitucionales podrían tener mayor éxito.