Análisis comparativo del impuesto territorial en países de la OCDE y Sudamérica
El impuesto territorial, conocido en Chile como contribuciones, ha sido objeto de debate público debido a cuestionamientos sobre la transparencia en su cálculo y los montos que deben pagar los propietarios. Mientras inicialmente el debate se centró en expertos, ahora parlamentarios y candidatos presidenciales han presentado iniciativas para modificar o eliminar este tributo para la primera vivienda, además de proponer límites para adultos mayores con menores recursos.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), a mediados de 2025 existen más de nueve millones de propiedades registradas, de las cuales casi seis millones son habitacionales y cerca del 77% está exenta del pago. La base imponible se determina a partir del avalúo fiscal, que considera el valor del terreno y las construcciones, calculado por el SII cada cuatro años y actualizado anualmente para terrenos sin edificar. Para mitigar aumentos abruptos, se aplica un mecanismo que limita el incremento máximo en la primera cuota anual al 25%, con ajustes graduales posteriores.
Un análisis elaborado por Deloitte compara cómo funciona este impuesto en países de la OCDE y Sudamérica. En general, se observa que la recaudación se destina a municipios o gobiernos locales, similar a Chile. Sin embargo, mientras en Chile la administración y tasación están centralizadas en el SII, en otros países como Estados Unidos, Alemania o Francia estas funciones están descentralizadas o mixtas, otorgando mayor flexibilidad y participación local. Además, casi todos aplican exenciones para propiedades estatales, organizaciones sin fines de lucro o sectores vulnerables, con variaciones según cada contexto.
En Sudamérica también predomina el financiamiento municipal mediante este tributo, pero con apoyo técnico del gobierno central para catastros o legislación marco. Expertos coinciden en que Chile podría beneficiarse al modernizar su metodología de tasación para reflejar mejor el estado real de las construcciones y aumentar la transparencia en los ajustes. Se proponen elevar el tramo exento para viviendas de bajo valor y ampliar la base tributaria para distribuir mejor la carga fiscal sin reducir la recaudación total. Asimismo, se recomienda incorporar principios de capacidad contributiva para evitar impactos regresivos.