California enfrenta millonarias demandas por abusos sexuales en escuelas públicas
En California, más de mil demandas por abusos sexuales ocurridos en escuelas públicas están provocando pagos multimillonarios que amenazan con llevar a varios distritos escolares a la insolvencia financiera. Estas demandas surgieron tras la aprobación en 2020 de la ley AB 218, que eliminó temporalmente el plazo para presentar reclamaciones y facilitó que víctimas de abusos, incluso de décadas atrás, puedan demandar a los distritos y condados responsables.
Los casos abarcan desde los años 40 hasta la actualidad, enfrentando dificultades para obtener pruebas debido al fallecimiento de agresores y cambios en el personal escolar. Las indemnizaciones han oscilado entre 5 y 10 millones de dólares por caso, con sentencias récord como los 135 millones otorgados a una víctima en Riverside o los más de 500 millones que Los Ángeles Unified debe pagar por múltiples reclamos. En total, las demandas suman cerca de 3 mil millones de dólares.
Distritos como Carpinteria Unified y Montecito Union Elementary enfrentan graves problemas financieros debido a estos pagos, que superan sus presupuestos anuales. La falta de cobertura aseguradora para casos antiguos agrava la situación, obligando a recortes en programas educativos y despidos. Autoridades educativas expresan preocupación por el impacto en estudiantes actuales y solicitan reformas legales que equilibren la compensación a víctimas con la viabilidad económica de las instituciones.
En respuesta, legisladores han presentado proyectos para limitar el plazo para presentar demandas y facilitar mecanismos de pago, aunque sin restringir los montos indemnizatorios ni honorarios legales. Expertos recomiendan crear bases de datos para prevenir futuros abusos y fortalecer protocolos preventivos en las escuelas. Mientras tanto, sobrevivientes como Samantha Muñoz insisten en la importancia de visibilizar estos hechos para lograr justicia y evitar que otros sufran en silencio.