Cámara aprueba ley de Fiscalía Supraterritorial y Ejecutivo anuncia reserva de constitucionalidad
En su tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó las enmiendas realizadas por el Senado a la ley que establece la Fiscalía Supraterritorial, una nueva unidad del Ministerio Público destinada a enfrentar el crimen organizado y delitos de alta complejidad que superan los límites territoriales de una región.
Con sede en Santiago, esta Fiscalía tendrá competencia para iniciar o continuar investigaciones penales en todo el país, contando con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo. La resolución de conflictos de competencia quedará bajo la responsabilidad del fiscal nacional.
Para fortalecer su labor, se creó el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, orientado a mejorar las estrategias investigativas sobre mercados delictuales y estructuras criminales.
Una modificación clave del Senado fue eliminar el concepto original de “macrozonas” para organizar la Fiscalía, reemplazándolo por “unidades de organización” que se definirán mediante reglamento considerando criterios funcionales y operativos, como características territoriales, tipos de delitos y recursos disponibles. Estas unidades deberán coordinarse eficientemente con las Fiscalías Regionales.
Además, se establecieron regulaciones para la experiencia, especialización y evaluación del desempeño del personal fiscal y administrativo, así como para los plazos de permanencia en sus cargos.
El fiscal nacional tendrá facultades para dictar instrucciones específicas al fiscal jefe de esta unidad y para crear las unidades organizativas necesarias dentro del presupuesto existente. Se aclaró también que los delitos cometidos en el extranjero con competencia chilena serán investigados por la Fiscalía Regional Metropolitana o la Fiscalía Supraterritorial según lo determine el fiscal nacional.
Un punto polémico fue la inclusión de una regla especial para casos que generen alarma pública, permitiendo que tras formalizarse la investigación se solicite al Pleno de la Corte Suprema que ciertos casos sean juzgados por tribunales específicos en Santiago. Esta disposición fue cuestionada por sectores oficialistas y por la propia Corte Suprema debido a su posible inconstitucionalidad y afectación al derecho a un juez natural.
El gobierno manifestó su rechazo a esta cláusula, argumentando que fue introducida sin su patrocinio y genera un gasto fiscal no previsto. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que vulnera garantías constitucionales fundamentales, anunciando por ello una reserva de constitucionalidad contra dicha norma.