Cinco años después del escándalo de sobornos en Ohio: expertos piden mayor control para evitar repeticiones
El escándalo de sobornos por 60 millones de dólares relacionado con la empresa FirstEnergy en Ohio, destapado en 2020, sigue generando preocupación entre expertos y observadores que consideran que las medidas legales y legislativas adoptadas hasta ahora no garantizan la prevención de hechos similares en el futuro. Este caso, considerado el mayor fraude a la infraestructura en la historia de Estados Unidos, involucró a un exlíder republicano estatal, Larry Householder, quien fue sentenciado a 20 años de prisión por liderar esta operación ilícita.
Las investigaciones revelaron que los fondos entregados no correspondían a donaciones políticas comunes, sino a un complejo esquema para asegurar apoyos políticos, aprobar una millonaria ley de rescate nuclear y frenar intentos de derogación. A pesar de las condenas y procesos judiciales en curso contra varios implicados y ejecutivos de FirstEnergy, no se ha logrado una reforma significativa en la regulación del financiamiento político opaco ni una sanción contundente por parte del regulador estatal.
FirstEnergy ha declarado haber implementado cambios internos importantes, incluyendo mejoras en ética corporativa y prácticas de lobby, además de inversiones millonarias en modernización energética. Sin embargo, el órgano regulador estatal (PUCO) aún no ha impuesto sanciones económicas directas ni ha exigido la devolución de fondos ligados al soborno. Por su parte, legisladores demócratas han intentado sin éxito impulsar leyes anticorrupción más estrictas, mientras que la mayoría republicana sostiene que modificar la legislación federal excede sus competencias.
El costo financiero para los consumidores sigue siendo elevado debido a subsidios otorgados a plantas nucleares y térmicas involucradas en el escándalo. Aunque algunas disposiciones han sido revertidas y se han efectuado devoluciones parciales, se estima que los usuarios continúan pagando cientos de miles de dólares diarios por cargos cuestionados. Este caso pone en evidencia los desafíos persistentes para asegurar transparencia y responsabilidad en el vínculo entre empresas energéticas y política pública en Ohio.